Hace algunos meses,  el PRI y el PRD presentaron ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato,  una queja en contra de algunos personajes del PAN, incluido un servidor, por presuntos actos de precampaña,  acompañaron a su documentación supuestas pruebas basadas en recortes de periódicos y cuyo resultado fue finalmente la llamada preventiva de las autoridades electorales a los personajes acusados. Por fortuna en mi caso, no se encontraron elementos que sustentaran la queja.  Ya cada uno de los señalados hemos externado nuestra opinión al respecto y las acciones que cada uno ha realizado en su defensa. Pero el tema de esta colaboración no entrar al fondo ni a las circunstancias de este asunto.

Aparentemente, es a partir de esta resolución del IEEG, que en el Congreso del Estado se acaba de presentar una iniciativa de reforma al Código electoral del estado de Guanajuato y que llama mi atención especialmente porque podría corresponder a una reacción cuyas consecuencias pueden ser muy riesgosas para la democracia y los avances que hemos tenido en el país en esta materia. Si bien podría ser cierto, lo que se desea es preservar la equidad en una contienda electoral, también lo es que bajo ninguna circunstancia pueden establecerse lineamientos que sean contrarios a nuestras disposiciones constitucionales o que invadan esferas que estén fuera del ámbito del estado como pretender regular la Internet, por ejemplo, que es materia exclusivamente federal. O declarar indiciados a los militantes o simpatizantes de algún partido.  Recuerdo todavía muy bien que la reforma electoral federal del 2007 respondió en buena medida a la carga política negativa que había en el ánimo de los legisladores federales a consecuencia del  proceso electoral del 2006. No nos dimos el tiempo suficiente para serenar los ánimos y los resultados no fueron los mejores a la luz de lo que se esperaba de las democracias modernas.

Hoy debemos reconocer que esa carga política que motivó los términos de la reforma fue muy negativa para la democracia y la equidad que tanto se quería proteger, buscó cerrar todos los espacios posibles a la libre expresión de los ciudadanos en asuntos electorales; por una parte, cerró la puerta de tajo a la contratación de espacios en medios de comunicación electrónicos e impresos, a los ciudadanos para publicar su imagen personal ni expresar temas de carácter electoral o político, salvo el Internet, pero por otro lado dejó una enorme bocaza para que los funcionarios públicos que manejan presupuesto del erario, lo puedan hacer a través de los contratos del gobierno para promover su imagen, como de hecho ocurre; aparecen en los medios de comunicación todos los días para decir cualquier cosa y con el ánimo de promoverse impunemente al amparo del monto del contrato que al final de cuentas paga el contribuyente, como notas pagadas, comunicados de prensa, levantamiento de imagen, etc., todo convenido previamente eludiendo la ley.  Las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron reiteradamente en contra de las reformas y fueron presentados los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte; sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional las reformas se declararon legales pero la simulación y la impunidad prevalecieron hasta la fecha.

Hoy en Guanajuato, pretenden nuestros diputados locales hacer lo mismo, una reforma a la ley electoral del estado bajo el impulso de una carga política y como reacción, no como pro acción, a una determinada y reciente circunstancia, que de no tomar en cuenta el bien que pretende tutelarse, la democracia y la equidad ante todo, podría rayar en excesos y legislar sólo por la casuística o con dedicatoria, lo cual es peor. Percibo en ella un ánimo de revancha que no es sano cuando de legislar se trata. Quien no aprende de los errores del pasado, está condenado a repetirlos.

El precepto constitucional consagrado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna garantiza la libertad de expresión de todos los mexicanos, el artículo noveno el de la libertad de reunión o asociación. Frente a estas dos garantías, no puede tomarse la decisión de llevar la ley electoral más allá sin el riesgo de violar las garantías individuales y que  alguien pueda inconformarse y echar para abajo ese intento. La reforma que se presentó es excesiva, es persecutoria y viola los derechos de los ciudadanos.

No puede ser que se pretenda imponer una mordaza “por cualquier medio” a nadie por el simple hecho de pronunciar públicamente o ante los medios de comunicación, una aspiración o cualquier pronunciamiento que podría ser tomada por cualquiera como “acto anticipado de campaña”, es antidemocrático e inadmisible poner en la ley que alguien pueda expresarse públicamente sobre asuntos de carácter  electoral. No puede ser tampoco, que se restrinja el hecho de poder sostener reuniones con otras personas para tratar asuntos políticos.  Si de lo que se trata es de establecer lineamientos precisos para determinar qué actos son de precampaña, es correcto, pero delinear con pluma de bisturí los hechos concretos que puedan ser regulados, veo muchas ambigüedades en la propuesta que pueden prestarse a equívocos a la hora de ponerse en práctica y esto nos podría llevar a tener un litigio permanente en la mesa del Instituto Electoral o de los tribunales y eso de ninguna manera es sano. Ojalá que la reforma planteada tenga su tiempo de maduración y se realice con sentido común respondiendo a proteger ante todo el derecho de todos los ciudadanos y no a ponerle nombres y apellidos. Se debería de tratar de fortalecer la democracia ampliando las libertades sin violar derechos y garantías de nadie.  Yo entonces debería cuidarme hasta de poder escribir o publicar “por cualquier medio”, estas colaboraciones para dar mi sentir o mi punto de vista.

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