El poeta romano Quinto Horacio Flaco decía que “...si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”. También se dice que cuando una manzana se pudre es importante no dejarla en la misma canasta junto a las demás, pues de lo contrario el resto de las manzanas comienza a pudrirse. No hay de otra, hay que sacar la manzana podrida y desecharla.

Estas clásicas sentencias sirven comúnmente de ejemplo para señalar la importancia de la supervisión y control en los procesos administrativos donde interviene el recurso humano, en especial cuando se trata del servicio público. Cuando no existe una adecuada supervisión, la disciplina se relaja y aparece el fantasma de la corrupción en las instituciones.

Como parte del diálogo que sostengo a diario con la gente, en mi calidad de Senador de la República, he recibido muchas quejas del servicio que ofrecen hoy en día las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto en la ciudad de León como en Irapuato.

A decir de los usuarios de esta dependencia encargada de administrar la justicia laboral en nuestra entidad, existen malos tratos de parte de algunos servidores públicos, prepotencia de la autoridad y el coyotaje (ese viejo cáncer que se niega a morir) se ha adueñado de nueva cuenta de estas oficinas. Otra vez existe la venta de cartas poder y muchos trabajadores son víctimas del engaño de coyotes, y de quienes se hacen pasar por abogados, quienes los hacen firmar y alargar por años, con artimañas, los juicios, siempre en detrimento del trabajador y la empresa. 

Como recordarán mis 9 lectores, cuando fungí como Secretario de Gobierno en el 2004, realizamos en conjunto con la Secretaría de la Gestión Pública  una depuración histórica de esta dependencia. Más de una veintena de funcionarios fueron cesados y, por primera vez en la historia de este estado, se concursaron públicamente las plazas que habían quedado vacantes.

Con el apoyo del entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks, proyectamos un redimensionamiento y una reingeniería a las Julcas que permitiera una mejor atención al público, adecuado manejo de los expedientes mediante un software desarrollado en la Secretaría de Gobierno; se buscó agilizar la administración de la justicia laboral, aplicamos cuidado en la selección del personal y fomentamos desarrollo profesional de los servidores públicos. Y lo más importante, frenamos el coyotaje y la corrupción mediante la instalación de módulos callejeros de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y vigilancia policial. Sin duda, una tarea de gran magnitud que se pudo lograr con el apoyo del personal de la Secretaría y los abogados colegiados en la entidad.

Ante las quejas que el día de hoy vuelven a surgir en torno a estos tribunales de justicia laboral, es importante que la Secretaría de la Gestión Pública los audite y proponga controles internos para garantizar que sus procesos se realicen apegados a la ley, y que el servicio que se ofrece al público sea digno.

En este sentido, mi propuesta es que se impulse, con una visión de mediano y largo plazo, una revisión integral a las Julcas como la que hicimos en el 2004; una profunda auditoria que permita identificar los signos de corrupción y atacar frontalmente y decididamente el coyotaje.

La carga de trabajo de las Julcas en Guanajuato, León, Irapuato y Celaya es impresionante y ello puede generar lentitud e ineficiencias; por ello Impulsemos la apertura de más Juntas y oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador en Moroleón-Uriangato, Acámbaro, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San Felipe y San José Iturbide.

La “reforma laboral” pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vendría a dar un fuerte empuje a la mejora de la administración de la justicia laboral, pues se acortan y agilizan en la nueva ley los tiempos y procedimientos en los juicios laborales.

Convertir las Julcas en dignos tribunales laborales significa dignificar el derecho laboral y darle el nivel y prestigio a una institución y a quienes laboran, sirven, atienden, litigan y utilizan el servicio.

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