En el mes de abril del año pasado de la revista Letras Libres, leí la desgarradora historia de Marcela Loaiza, una víctima de trata. Por sus necesidades económicas y su inocencia, fue elegida por la red de trata que funciona entre Japón y Colombia para abastecer prostitutas a la mafia “yakuza”, grupo criminal que controla el negocio del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, según menciona el reportaje.

Marcela fue engañada, vendida y explotada durante dieciocho meses. Padeció la esclavitud sexual en muy distintas formas. Estuvo a punto de morir a consecuencia de una paliza propinada por un yakuza. Escapó a base de coraje y determinación. Ahora vive en Estados Unidos, donde ha podido rehacer su vida y después de 10 años, contar su historia.

La Organización de Estados Americanos señala en sus reportes que anualmente dos mil mujeres latinoamericanas son llevadas a Japón, engañadas, para ser explotadas sexualmente, pero hay organizaciones no gubernamentales que elevan las cifras considerablemente.

Existe un consenso generalizado de que la explotación sexual comercial es la forma de trata de personas más frecuente en todo el mundo (79%) y la más registrada, sobre la que se sostiene la industria del sexo. Le sigue el trabajo forzado en todas sus formas (18%), del cual se encuentran la servidumbre domestica, una de las actividades más subregistradas y (3%) el matrimonio forzado, que en algunas naciones es una costumbre legal; la extracción de órganos que se practica en circuitos de las mafias médicas y sobre la cual las autoridades de los países con mayor incidencia han mostrado poco interés en documentar; la explotación de niños y niñas para la mendicidad;  y los niños soldados, la cual no está suficientemente documentada.

Lamentablemente México no escapa a ese problema. La trata de personas es uno de los problemas actuales cuyos efectos se asemejan a los del narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero. El proceso de globalización y el desarrollo de los medios de comunicación entre otros muchos aspectos han hecho de dicho problema un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de medir y regular.

Es por ello que celebro que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, haya hecho la declaratoria de las Reformas Constitucionales que cataloga como grave el delito de trata de personas. Lo anterior, en concordancia con la Ley Federal para Sancionar y Prevenir la Trata de Personas aprobada por ambas cámaras del Congreso. La Comisión Permanente solicitó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma, que toca los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución mexicana, recibió el aval de 21 congresos estatales que conforman el Constituyente Permanente. Es de gran relevancia porque podrá evitar la impunidad y que los delincuentes recurran a vacíos en la ley para evadir la acción de la justicia.

En nuestro país, la trata de personas ya es un delito grave. Ahora el reto es ir más lejos para combatirlo de manera decidida.

Estoy convencido, de que el estado de Guanajuato debe contar con su propia legislación para la prevención y sanción del delito de trata de personas. Hoy sólo el D.F. y el estado de Chiapas cuentan con un instrumento legal de este tipo. Por eso propongo la creación de un Observatorio Ciudadano contra la Trata de Personas, que tenga facultades de difusión y denuncia. Este organismo podría estar integrado por el mismo Consejo Estatal de Seguridad Pública e incluir en él representantes de organizaciones no gubernamentales, académicos e investigadores del tema.

El Observatorio Ciudadano podrá coadyuvar a difundir mecanismos denuncia y prevenir la trata de personas, lo anterior debido a que Guanajuato, por su situación geográfica, actividad económica y alto índice de paso de grupos migrantes, es vulnerable a que crezca este delito.

No es asunto menor. Nuestro país ocupa el lugar número cinco, de entre las naciones con alta incidencia de trata de personas. Por este motivo debemos trabajar en colaboración sociedad y gobierno para hacer conciencia de la realidad de este delito, promover la denuncia y meter a la cárcel a quienes, con engaños, secuestran y someten a explotación sexual y laboral a personas en contra de su voluntad. El problema es complejo y su origen multifactorial, por ello el reto es mayúsculo pero no imposible. Trabajemos cuanto antes.

La periodista Lidia Cacho sostiene que la trata de personas es un fenómeno que se ha incrementado por la globalización, “en donde las organizaciones dentro del crimen organizado, ya sea desde los yakuzas en Japón, las triadas en China y Camboya, El ejército en Birmania, o empresarios y políticos en México o Argentina, crean colaboración directa estableciendo redes de corrupción y complicidades en beneficio de la trata de personas”. 

A 10 años de distancia de haber vivido ese horror en Japón, hoy Marcela Loaiza quiere crear una fundación que apoye a las víctimas de trata. “Quiero ayudar. Quiero fundar una asociación. Dar talleres sobre trata. No me lo estoy inventando. Es una historia real. Aquí está mi nombre y mi rostro: soy yo, lo viví y lo padecí por dieciocho meses”, nos dice Marcela en su entrevista.

Ya tenemos el marco legal, ahora pongámonos a trabajar.

Compartir este articulo