Los hechos violentos protagonizados por los cárteles de las drogas en algunas ciudades del estado de Michoacán nuevamente me mueven a reflexionar, junto con mis nueve lectores, acerca de la necesidad de combatir este problema desde su raíz: el consumo de las drogas, que produce toda una demanda atendida por los criminales.


Los medios locales de comunicación recientemente dieron cuenta hace días de la triste historia de una chica de 17 años, que murió de sobredosis en una choza en una colonia de la periferia de León mientras se drogaba. Su hermana de 20 años había muerto un año atrás, y su tercera hermana, de 18, aún se droga.


Apenas la semana pasada, el “zar antidrogas” del gobierno de los Estados Unidos, Gil Kerlikowske, reconoció, durante el evento de presentación de la estrategia antinarcóticos de su gobierno, que “la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos está detrás de la violencia, la adicción y el crimen hacia ambos lados de nuestra frontera”. En ese evento, anunció que el gobierno del presidente Obama invertirá 10 mil millones de dólares en iniciativas de educación preventiva y tratamiento de adicciones.


En este mismo espacio, he declarado muchas veces que, si bien la estrategia del uso de la fuerza del Estado es necesaria para combatir a los grupos criminales, que no sólo producen y distribuyen drogas sino que también extorsionan, secuestran, roban y asesinan, también es verdad que hace falta trabajar en acciones decididas de prevención y atención a las adicciones y más esfuerzos de gobierno y sociedad para evitar el deterioro del tejido social.
Como senador de la República, celebro que tanto el zar antidrogas como la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno norteamericano, Janet Napolitano, reconozcan que es de vital importancia trabajar de manera coordinada para reducir e inhibir el consumo de drogas en ambos lados de la frontera. Una política efectiva de prevención y atención a las adicciones es imperante.


Durante dicho anuncio, se reveló que el gobierno de los Estados Unidos intensificará su cooperación judicial y el intercambio de inteligencia con el gobierno de México, con la finalidad de contener el tráfico de estupefacientes, armas y de personas en la zona fronteriza.


Es este punto el que merece atención. Es importante que tanto el Ejército mexicano como la Policía Federal cuenten con la capacidad suficiente para prevenir y atacar la actividad criminal que pudiera incrementarse ante la necesidad de los cárteles de distribuir la droga que no pueda ingresar en los Estados Unidos. Es lógico suponer que ante un incremento de las medidas de seguridad en la frontera, el camino de la droga se atore de nuestro lado y eso sería un problema muy serio.


Por ello, el camino de la prevención debe convertirse en una prioridad para el Estado. Desde aquí he impulsado la propuesta de crear las “Escuelas para Padres”, que funcionen como espacios de apoyo en el acompañamiento de formar y educar a nuestros hijos, en donde nos proporcionen herramientas para apoyarlos e identificar a tiempo cualquier signo de que pudieran estar en problemas de adicción, alteraciones psicológicas o desórdenes alimenticios.


En Guanajuato, podríamos utilizar los más de 15 mil espacios educativos para establecer las Escuelas para Padres, donde médicos, pedagogos y psicólogos se reúnan con los padres de familia un fin de semana al mes, con talleres, pláticas y dinámicas de integración familiar. Prevenir las adicciones requiere un gran esfuerzo de Estado.


La violencia del crimen organizado tiene sus orígenes en muchos factores socioeconómicos; uno de ellos, sin duda alguna, es la desintegración familiar y la paulatina destrucción del tejido social provocada en muchas ocasiones por las adicciones. Si no recomponemos el tejido social, la nación está en riesgo.
Sin intereses electoreros, sumemos y cerremos filas por nuestra seguridad. Como sociedad, también hagamos lo que nos toca: acercarnos a nuestros hijos y luchemos todos los días por alejarlos de las garras de las drogas y el crimen.


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