Recientemente se dieron a conocer datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en los cuales se revela que en el estado de Guanajuato existen poco más de 60 mil jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”.

En torno a esta problemática existe un debate por establecer cuántos jóvenes de ese universo están en la desocupación total por decisión propia y cuántos realmente no encuentran espacios ni académicos ni laborales. No existen cifras precisas para determinarlo, pero yo, como muchos, me niego a creer que sea por una decisión propia de la mayoría.

De mis innumerables visitas a muchas comunidades de todos los municipios de nuestro estado, muchas de ellas muy pobres, me he podido dar cuenta de una realidad lacerante: los jóvenes no tienen esperanza en su lugar de origen al no encontrar un buen empleo ni oferta de educación superior, muchos de ellos quisieran seguir estudiando pero las condiciones económicas de su familia y su propia circunstancia no les permite hacerlo. Ante estas condiciones la propia familia se ve imposibilitada para dar una salida al problema. Los más valientes toman la decisión de migrar a otros lados inclusive a los Estados Unidos y otros se quedan sin hacer absolutamente nada y en un estado de alta vulnerabilidad social con todas las consecuencias y repercusiones para la comunidad que eso implica.

Estarán de acuerdo mis estimados 9 lectores, que es justo reconocer la responsabilidad que tienen los gobiernos y las sociedades en el crecimiento de este fenómeno en el mundo.

En Guanajuato es un problema real que tenemos que atender desde todos los ámbitos del Gobierno. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó recientemente que sólo cinco estados de la República cuentan con programas específicos para atender esta problemática; Guanajuato no es uno de ellos. En el diario El Universal se publicó el pasado 18 de julio una nota donde se afirma que “El Instituto de la Juventud Guanajuatense justifica la carencia de estrategias para el sector nini y anticipa que no trabaja en algún plan exclusivo por la connotación discriminatoria que procede del término”.

Muchos hemos olvidado que el año pasado la ciudad de León fue sede de la Conferencia Mundial de la Juventud, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas; de ella surgió la Declaración de Guanajuato. Valdría la pena volver a leer esos enunciados para encontrar que lo que realmente los jóvenes necesitan: Que los gobiernos apliquen inversiones y políticas públicas efectivas para que los jóvenes de todas las condiciones socioeconómicas tengan acceso a la educación (de todos los niveles), a la salud y sobre todo al empleo; atacar la pobreza, reducir la desigualdad en los ingresos y hacer realidad la equidad de género; promover su acceso a las tecnologías, la cultura y a la participación; y por último asegurarles seguridad, justicia y su pleno desarrollo en un ambiente sustentable.

Como podemos ver, no es necesario sacar de la chistera nuevas ocurrencias desde la perspectiva electoral. Se requieren políticas públicas diseñadas para cambiar la realidad de estos jóvenes y sus familias. 

Allí está el trabajo, allí están los mandatos constitucionales,  los planes de desarrollo y la misma Declaración de Guanajuato. No olvidemos que la ONU declaró el Año Internacional de la Juventud al periodo comprendido del 12 de agosto de 2010 al 11 de agosto de 2011.

En Guanajuato se han observado importantes avances en este sentido, pero aún quedan muchos retos por superar. La atracción de inversiones y creación de empleos debe ir aparejada a una oferta educativa que forme y capacite a los jóvenes para las nuevas plazas. Además de esto, debemos apostar a la economía social, que por cierto, la ONU declaró el 2012 como el año de la economía social y será tema para comentarlo más adelante.

Por nuestros jóvenes, asumamos el reto de cambiarles su realidad. Debemos hacer, todos, nuestra parte, pero sin duda la mayor responsabilidad es de quienes tienen el manejo de los presupuestos públicos.

Compartir este articulo