Durante los últimos días se ha generado un interesante debate en torno a las cifras expuestas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su reciente estudio “Medición de la pobreza 2008-2010”, en la cual destaca que, de manera particular en Guanajuato, ésta pasó de un 44.2 por ciento a un 48.5 por ciento de la población, es decir, que casi la mitad de la población de Guanajuato viven en algún grado de pobreza.

Argumentos han ido y venido para explicar estos resultados, aunque hay que aclarar que no en todos los renglones que mide el Coneval Guanajuato ha salido mal calificado. Es de resaltar que en nuestra entidad se han realizado esfuerzos por facilitar el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Nadie lo puede poner en duda.
Sin embargo, yo mismo he puesto el dedo en el renglón en cuanto a la efectividad de la política social en Guanajuato y he propuesto, entre otras muchas cosas, la creación de una legislación estatal en esta materia a fin de dar rumbo y claridad a los programas de combate a la pobreza, para que sea a través del fomento a la creación de empleos, y no de dádivas, como se catapulte el bienestar de las familias.

En esta intervención, amables 9 lectores, quiero referirme al ingreso de las familias (lo que tiene que ver con empleo, salario y prestaciones sociales), como el principal factor de la economía y de la pobreza.

Una familia sin ingresos suficientes no puede ser capaz de ofrecer a sus miembros las necesidades básicas para la subsistencia, ya ni que decir de la educación, la salud, la convivencia y el esparcimiento. Las despensas, los apoyos en materiales de construcción, becas y atención médica gratuita, así como toda ayuda asistencialista gubernamental siempre será bien recibida por estas familias que viven en las condiciones que hemos hablado; resuelven por unos días su problemática, pero no da una solución de fondo, que sólo un empleo bien pagado y con todas las prestaciones sociales que marca nuestra legislación puede dar.

Es cierto, el tema de la pobreza está íntimamente relacionado (es directamente proporcional diría yo) con el tema del ingreso. Y esto nos lleva necesariamente a un tema vital para la economía de muchas familias mexicanas: el salario mínimo.

La fracción VI del artículo 123 de la Constitución mexicana, establece que el salario mínimo general debe ser “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Este mismo artículo también habla de que el salario mínimo lo fijará una Comisión Nacional mediante zonas geográficas para su tabulación.

Pues resulta que desde hace muchos años, los integrantes de esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos decidieron que Guanajuato, junto a otros muchos estados de la República, debe estar en la “zona geográfica C”, lo que significa que hoy el salario mínimo con el que se rigen los ingreso de los trabajadores en nuestra entidad es de 56.70 pesos diarios.

No hace falta ser un genio. Es evidente que hoy por hoy el salario mínimo no cumple con el precepto constitucional. Las cabezas de familia, mamá y papá, se ven limitados de proveer de lo necesario a sus hijos. Guanajuato tiene ciudades grandes con servicios cuyas tarifas se equiparan a las de las grandes ciudades. Basta ver el ejemplo del costo del transporte público en la ciudad de León. ¿Por qué entonces nos clasifican desde la capital del país en la zona más baja de percepción salarial?

Urge una reforma a las reglas de dicha Comisión y a la legislación laboral (reforma que espera pacientemente en la Cámara de Diputados) a fin de que desaparezcan estas llamadas zonas geográficas del salario mínimo y se unifique un solo tabulador para todo el país, de lo contrario se seguirá fomentando la inequidad y se seguirá condenando a la pobreza a los trabajadores en los estados más pobres. La reforma laboral, deberá contemplar que nadie pueda ser contratado con pagos inferiores al salario mínimo.

También debe establecerse la prohibición de que las empresas eludan su responsabilidad social con sus trabajadores, pues cada día crece la práctica de los contratos por honorarios y los servicios “outsourcing” con los cuales las empresas se “ahorran” las prestaciones sociales y la antigüedad de sus empleados.

La semana pasada comenté en este mismo espacio, que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guanajuato, el salario promedio de cotización sólo se ha incrementado 6 centavos de enero a junio de este año; el 13.73% de la “PEA” (población económicamente activa) en la entidad gana menos de un salario mínimo; el 23.81%, la mayoría, gana entre uno o dos salarios mínimos. Lo dicho: el bajo ingreso es lo que genera condiciones de pobreza.

El salario no es sólo un tema que le atañe al gobierno sino también al sector productivo. En los últimos años el gobierno federal, en conjunto con el gobierno de Guanajuato, han hecho esfuerzos por la competitividad; se ha invertido en infraestructura para el desarrollo y en centros para la innovación tecnológica de las industrias; hay programas de becas para la capacitación de los trabajadores y se ha ampliado la cobertura educativa media-superior y superior con perfiles técnicos y académicos que el sector requiere. Sin embargo, hoy hace falta más solidaridad y un esfuerzo adicional del empresariado para mejorar el ingreso de los trabajadores.

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