Dice el refrán popular “no hagas cosas buenas que parezcan malas”; y es que muchas explicaciones se ahorrarían si desde antes de hacer las cosas se pensara en sus repercusiones. Hoy “a palo dado, ni Dios lo quita”.

El asunto viene a cuento porque a partir del evento masivo que organizó el Gobernador Oliva y su equipo de colaboradores el fin de semana pasado a favor del Secretario de Hacienda Ernesto Cordero ha desatado toda clase de comentarios y opiniones entre muchos ciudadanos y por supuesto entre propios y extraños.

Sin embargo, más allá de lo coyuntural del episodio, me parece importante centrar el tema en lo que considero debiera ser el meollo del debate entre nosotros: La visión humanista de Don Manuel Gómez Morín el fundador de Acción Nacional, quien decía que: “un partido tiene derecho de llevar sus programas y sus hombres al gobierno; pero ese mismo gobierno, en el momento de llegar a serlo, deja de ser el partido para ser el representante del Estado y no tiene derecho a utilizar los recursos del poder, que no le pertenecen para un sostenimiento de partido, ni a utilizar la estructura jurídica y administrativa, para coaccionar voluntades en pro de su partido, para perseguir y hostilizar adversarios ni, por supuesto y muchísimo menos, para encubrir delitos y garantizar impunidades” (Informe de la VII Convención nacional del PAN. 25/02/49).

A todos nos asiste el derecho a tener nuestras propias afinidades, simpatías y nuestras propias opiniones y eso debe respetarse, inclusive respeto sobre todo la participación de mis compañeros de partido que ayudaron o participaron siempre de buena fe en el evento de marras, sin embargo hago esta reflexión entre mis estimados 9 lectores porque considero pertinente hacerla ahora.

Los gobiernos no pueden convertirse en “tropas de asalto” para la conquista o conservación del poder. Visto así, participan en las competencias electorales con “ungidos” o “designados”, controlan las candidaturas e imponen la “línea” oficial que viene del gobierno. Compran con dádivas e incluso operan la coacción desde el ofrecimiento de cargos públicos o la amenaza de des emplear a quienes trabajan en el gobierno. Imponen su voluntad animados por la ambición por encima del ideal que dicen predicar.

En mi modesta opinión de senador, nunca será lícito poner en riesgo un bien mayor a cambio de un bien menor; nosotros debemos decidir siempre, sin temor y en rectitud de conciencia, lo que sea mejor para los ciudadanos, también a ellos se debe el partido. En estricto sentido, el partido está obligado antes que nada con la sociedad y después con el gobierno. Ambos, partido y gobierno son entes diferentes con obligaciones y atribuciones distintas y establecidas en las leyes. El partido debe apoyar al gobierno sí, pero sólo en la medida en que su gestión no se aparte del Bien Común; ese respaldo no es incondicional y las acciones y decisiones que afectan a la comunidad gobernada no pueden ser apoyadas. El papel del partido es vigilar, desde su autonomía, que el gobierno cumpla su máximo cometido de construir el Bien Común; ser un contrapeso también para un sano equilibrio democrático y evitar someterse a una desenfrenada voluntad de un mando.

Los militantes de un partido que estamos en una responsabilidad de gobierno no sólo nos debemos reconocer corresponsables de las acciones de gobierno, sino que hemos de ser congruentes con ese deber compartido y apoyar a los gobernantes en todo cuanto sea para bien de los ciudadanos. Ése es nuestro deber principal porque la sociedad tiene derecho y merece ser bien gobernada.

Como Senador de la República por Acción Nacional, estoy obligado a definir con claridad una posición respecto de circunstancias recientes que se dan también en algunos municipios con los alcaldes. Por el bien de los guanajuatenses, siempre será deseable que el espíritu de tolerancia y respeto anime una relación democrática y complementaria entre el que gobierna y los que disienten. Ello supone que quien ejerce el poder reconozca la legitimidad de las divergencias de opinión y admita la posibilidad de compartir el poder con sus opositores, sin pretender neutralizarlos, asimilarlos o aniquilarlos.

Quien gobierna debe ser factor de unidad y de equilibrio, cuando interviene en los procesos para favorecer o impulsar a sus candidatos debilita a las instituciones del estado y del partido; pierde liderazgo moral, parcializa y polariza a la militancia y a la sociedad y se convierte en factor de división. Sin embargo, reconozco también que en estos menesteres de la política, cada quien tiene sus motivaciones, sus intereses y su modo de matar pulgas.

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