Guanajuato, Gto; a 12 de enero de 2011.- El Senador por Guanajuato, Ricardo Torres Origel dijo que el nepotismo está tipificado solamente en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como una falta administrativa y consideró que será necesario estudiar la posibilidad de llevarlo al Código Penal del estado.

“Esto para mi sería un motivo para que los legisladores locales presentaran una iniciativa para tipificar en el Código Penal el nepotismo como un delito, me refiero a todo el ámbito de la administración pública, incluidos a los poderes legislativo y el judicial”.

Opinó que valdría la pena que se hiciera una revisión en los 46 municipios de Guanajuato, tarea que podría desarrollar el Congreso del estado, para detectar posibles casos de nepotismo, “no me refiero a aquellos servidores que ya trabajan en la administración pública municipal y que su familiar cercano llegó al cargo tiempo después”.

Ricardo Torres Origel señaló que a lo largo de sus recorridos por el estado le han platicado de algunos casos donde el presidente municipal o funcionarios de alto nivel tiene a familiares trabajando en el ayuntamiento, pero destacó que ésto sucede en administraciones emanadas de distintos partidos políticos.

“Algunos alcaldes tienen parientes de primer nivel que están trabajando en la administración y que llegaron con ellos, no podemos caer en el exceso de que si alguien que es servidor público ya estaba ahí y llega el presidente municipal al cargo la persona no puede perder su trabajo por esta razón”.

En rueda de prensa y al ser cuestionado sobre el presunto caso de nepotismo en el Gobierno del estado, dijo que no tienen mucho que decir pero señaló que la Secretaría de la Gestión Pública es la única dependencia que tiene la facultad de investigar y deslindar las responsabilidades correspondientes.

“Si hubiese responsabilidad civil, administrativa o penal que se lleve a las instancias que le corresponda eso le toca a la Gestión Pública, esto tiene que hacer Luis Ernesto Ayala ese es su trabajo y para eso lo contrataron. Yo creo que la ciudadanía espera que el Secretario asuma su responsabilidad a plenitud, llevando el caso hasta el final”.

En el caso del contrato por un millón 807 mil pesos en favor de Elia Margarita Lona Calvo, consuegra del Gobernador del estado, Torres Origel expresó que es necesario deslindar la responsabilidad sobre el funcionario encargado de asignar el contrato y conocer bajo que circunstancias otorgó el contrato.

También comentó que el trabajo que tiene que hacer la Secretaría de la Gestión Pública es supervisar de forma permanente el desempeño de los funcionarios públicos del estado para que estos actúen con plena honestidad, transparencia, verticalidad, rectitud y que no sea usado ningún peso del recurso público en algo distinto para el que fue aprobado por el congreso.

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